La fiscalización del CBD repercutiría notablemente en las arcas del Estado. A día de hoy, el mercado mundial de CBD está cifrado en 9.000 millones de dólares, siendo el dato en España difícil de precisar ya que su distribución es a través de un mercado negro o de dudosa veracidad.
No obstante, considerando algunas hipótesis, podemos realizar una estimación sobre el posible impacto que podría tener la regularización del CBD en nuestro país.
En ese sentido, , los datos y la evidencia sobre la imposición del tabaco permiten concluir que la fiscalidad es un elemento consustancial a la “economía del tabaco”, hasta el punto de que del precio final de una cajetilla de cigarrillos, la fiscalidad representa aproximadamente el 80% del PVP.
Por tanto, teniendo en cuenta el precio medio de referencia al que se vende 1 gramo de CBD y pronosticando el volumen en un mercado sin regulación, podemos concluir que el Estado , deja de ingresar cerca de 8.000 millones de euros anuales vía impuestos por no tener una regulación específica como ya tienen otros países de la Unión Europea.
Por otra parte, son de sobra conocidas las enormes dificultades que el sector agrícola lleva atravesando en nuestro país desde hace años. En este caso, una regulación específica sobre el CBD , podría ser una gran respuesta a dicho problema ya que les permitiría afrontar con éxito el cultivo de cáñamo, ayudándoles a paliar sus maltrechos resultados.
Nos gustaría ilustrar dicha afirmación con un ejemplo real. Teniendo en cuenta datos técnicos, el cultivo más sembrado en España es el maíz, reportando beneficios de 250€ por hectárea. El más rentable, es el olivo, con un rendimiento de 2.250€ por hectárea de media. Si hablamos del cultivo de cáñamo con una producción destinada a Cannabidiol, después de costes y vendido a precio de mayorista, el rendimiento podría situarse en torno a 11.000€ por hectárea.
En conclusión, una regulación específica sobre el CBD aportaría una solución a la despoblación, abandono y menosprecio del mundo rural español, repercutiendo directamente en puestos de trabajo e indirectamente en impuestos para el Estado.